4. Agua

Primeramente hay que plantearnos ¿Qué es el agua? El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.

El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso no renovable en una localidad determinada.

Uno de los países que se encuentra en la actualidad, y que tendrá en un futuro, mayores problemas de abastecimiento de agua es México, junto a Estados Unidos, Bolivia, Israel, China e India. Pero, no es uno de los que cuente con menos agua por habitante. El problema no está en la cantidad de este líquido de la que dispone sino en su distribución. La responsabilidad corresponde a la mano del hombre, así como también influyen aspectos geográficos.

En México, sólo llueve durante cuatro meses al año y con mucha mayor intensidad en el sureste mexicano que en el resto del país, así que algo más del 30 % del agua recibida cae en las zonas más densamente pobladas.

En la ciudad de México, ha sufrido importantes inundaciones a lo largo de su historia. Por otro lado, hay falta de agua en las colonias o barrios más pobres.

Restableció por primera vez el gobierno local en la capital mexicana en 1998, el nuevo gobernante, Cuauhtémoc Cárdenas, lanzó un programa cuyo objetivo principal era la mejora de la gestión del agua dentro de un proceso de desarrollo sustentable. Lo primero que tuvo que afrontar fueron las fugas de agua, el mantenimiento de pozos y la necesidad de plantas de tratamiento de aguas residuales para usos distintos del consumo.

Uno de los males endémicos que los defensores de la privatización del servicio imputan a la organización del agua en México son las bajas tarifas. Los esfuerzos del gobierno han ido dirigidos en los últimos años a aumentar el precio del suministro, a pesar del gran costo político que esto conlleva. Pero la subida se está llevando a cabo también de manera desigual ya que recae casi en exclusiva sobre los usuarios particulares sin contar que se obtendrían mayores beneficios si el control del pago recayera en los grandes consumidores: la agricultura a gran escala y la industria.

 

En la ciudad de México, además, son numerosos los asentamientos ilegales en los que residen millones de personas y para quienes el acceso al agua de manera regular no es más que una utopía, entre otras razones.

Durante la etapa colonial, el agua fue utilizada por el gobierno central para favorecer a sus “amigos políticos”, a través de la intermediación de la Iglesia y los Calbidos.

Desde la Independencia al Porfiriato, las cosas se mantuvieron más o menos de la misma manera si bien hubo tímidos intentos por parte de los Ayuntamientos de introducir mejoras locales. A lo largo de todo el siglo XIX México sufrió una evolución desigual, pero constante, por centralizar todo el poder en manos del poder Ejecutivo. En la gestión del agua en concreto, el proceso centralizador tuvo sus inicios con la llegada al poder de Porfirio Díaz y fue en aumento hasta la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que se ocupó del servicio desde los años cuarenta del siglo pasado hasta su desaparición en 1976. Desde entonces se vive el proceso a la inversa: el gobierno central ha “devuelto” el control del agua a los gobiernos locales y a la descentralización se han unido, a partir de 1992, nuevos intentos de gestión privada llevados a cabo con mayor o menor éxito.

Desde 1915 en el Valle de México, se vio perder su autonomía y a someterse al reconocimiento del poder central para poder ser consideradas legales y tener voz y voto en las cuestiones hídricas.  Que, en ambos casos, más allá de su eficacia o ineficacia, un rasgo importante es que con ellas el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, lograba tener mayor control sobre el uso del agua.

La nueva estrategia de Salinas de Gortari (presidente de la República desde 1988 a 1994), mejoro el sistema de abastecimiento, la calidad y fomento una nueva cultura del agua con mayor participación de la empresa privada.

Este creciente interés entre los científicos sociales mexicanos en los años ochenta y noventa viene dado, por una tendencia generalizada en el mundo, motivada tanto por las preocupaciones derivadas del cambio climático como por los procesos privatizadores impulsados por los gobiernos a instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

1993 y 1995 destaca la labor realizada, por una serie de investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que, en un convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), realizaron el programa “Historia y Antropología del agua (siglos XIX y XX)”, más tarde denominado “Historia de los usos del agua en México (siglos XIX y XX)”. Uno de los resultados la publicación del libro de Abortes, Birrichaga, Castañeda y Suárez, así como una amplia recopilación de material procedente de archivos y bibliotecas nacionales.

En 1986 se devolvió a los municipios, al menos en teoría, el control sobre el agua, dando inicio a una nueva etapa, que se caracterizó por la disminución del gasto, el reinicio del cobro sobre los servicios y la incorporación de la preocupación ambiental, en el discurso de los responsables políticos.

1989, se creó la CNA como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos con el fin de que se encargara tanto de la distribución como del control del buen estado de las obras; la CNA preside desde entonces el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Dentro del estudio de la historia del agua en México, el tema más desarrollado por la historiografía es el del riego. México se complementan el Gobierno central y las pequeñas comunidades de riego. Con demasiada frecuencia el Estado desconoce la realidad a la que se enfrentan los usuarios debido a las transformaciones estacionales de los ríos y al cambio climático, y en este aspecto debe escuchar y atender las solicitudes de los interesados. Pero, por otro lado, también se producen apropiaciones indebidas y desvíos de cursos de agua por parte de los usuarios y es importante que en esos casos el Estado pueda intervenir para evitar abusos e injusticias.

 

 

A lo largo del proceso centralizador, el Estado eliminó a los Ayuntamientos como antiguos interlocutores, mermando su poder económico y político. Con la creación de Juntas de riego, lo que logró fue en no pocos casos reforzar su autonomía, en otros crear pequeños caciquillos —o “aguatenientes”, como los denomina Aboites— y todo un aparato burocrático de ingenieros y abogados que muchas veces intervenían a favor de los terratenientes en detrimento de las comunidades y los pequeños propietarios; y así, lo que había nacido como un esfuerzo para proteger a los regantes fue, en la práctica, una nueva fuente de conflictos.

Dentro de esta evolución centralizadora, el proceso de institucionalización de la ciencia en el México de finales de siglo con respecto al agua, al riego, a su distribución y a las grandes obras hidráulicas que se hicieron en el centro del país. En este proceso, los ingenieros y el capital extranjero tuvieron gran relevancia

Igual que desde finales del XIX se promovieron las Juntas para el riego, se organizaron otras destinadas a crear obras de ingeniería hidráulica para aprovechamiento de recursos y de canalización y desagüe. Éste es un tema relativamente menos trabajado que el del riego en México.  La etapa de construcción de grandes obras hidráulicas fue, sin duda, el período porfirista. Se trata de una época que está muy relacionada con el desarrollo del urbanismo (y, a su vez, con un momento de mayor concentración de la población en las ciudades) pero también con el de la tecnología, que permitió trabajar con materiales modernos y que además exigía nuevas fuentes de energía fue una época, en la que se produjo una confianza ciega en los ingenieros como fabricantes de progreso y en su connivencia con políticos locales y empresarios extranjeros y nacionales. No podemos olvidar que el lema del gobierno de Porfirio Díaz fue el de “Orden y Progreso” y que para llevar a cabo su programa ideó todo un sistema de control centralizado y mimó al máximo a los inversores extranjeros que trabajaron codo con codo con los empresarios y los intelectuales mexicanos

Los padres de la urbanización fueron unos intermediarios a los que denomina portafolieros. Se trataba de aventureros, gente con muchas ideas y con escaso capital que llegaron del extranjero o procedían de las canteras nacionales y que tuvieron que aliarse al capital y entrar en contacto con los poderes locales para poder llevar a cabo sus negocios. Gracias a la iniciativa de estos hombres, la capital mexicana se convirtió en una gran ciudad que contaba con todos los elementos de la modernidad: agua potable, drenaje, entre otras cosas.

Paralelamente, el proceso de centralización se hizo más evidente desde 1903, cuando se estableció que el gobierno político y administrativo allí establecido estaría a cargo del Ejecutivo, con la colaboración de tres funcionarios que dependían de la Secretaría de Estado: el gobernador del DF, el presidente del Consejo Superior de Salubridad y el director general de Obras Públicas, lo que dejaba al Ayuntamiento prácticamente sin margen de maniobrabilidad si no contaba con la anuencia del Gobierno.

Para convertir a México en una ciudad moderna había que introducir grandes cambios en el sistema de drenaje y canalización de las aguas.

Desde la conversión de México Tenochtitlan en capital de la Nueva España, la ciudad había sufrido periódicas inundaciones sin que las autoridades hubieran logrado hacer nada definitivo para evitarlas. Recordemos que la antigua capital azteca se erigía sobre un gran lago y que los desplazamientos por ella debían hacerse en gran parte en canoa. Sobre esta superficie lacustre se fueron ampliando los límites de la ciudad sin demasiado control y cuando las lluvias aumentaban, era muy frecuente que el agua siguiera su curso natural y desbordara los límites a que la habían intentado reducir, inundándolo todo.

La explicación de las razones de Porfirio Díaz para llevar a cabo las obras que las hicieron posibles; analiza el sistema de toma de decisiones procurando desentrañar la lógica de los diversos actores que participaron en las obras y, por último, se fija en el impacto que tuvieron tanto en el sistema hidráulico de la cuenca como en el contexto de la ciudad y del régimen.

Las obras de desagüe no se emprendieron por motivos económicos, que no fue un grupo o empresa interesada en emprender las obras quien insistió para lograr que se llevaran a cabo. Dice que esto lo demuestra el que ninguna de las compañías que participaron en esas obras estaba radicada en México o tenía intereses en la ciudad antes de ser contratada. Y aunque esto no quiere decir que después no se beneficiaran multitud de sectores, se le puede cuestionar que estos beneficiarios, digamos “colaterales”, sabían que sería un buen negocio y por eso lo apoyaron desde un principio.

Las razones fueron más bien de tipo político y que don Porfirio las llevó a cabo para “afirmar y justificar la gobernabilidad del poder central sobre la ciudad de México” por un lado, y por otro para “legitimizar y apuntalar su permanencia en el poder”.

Porfirio Díaz: crédito internacional, participación de empresas extranjeras y la creación de la Junta Directiva del Desagüe. La decisión de emprender las obras de desagüe no pudo ser llevada a cabo hasta que no se contó con el capital suficiente .

Para el caso concreto de la ciudad de México contamos con un debate sobre la oportunidad o no de dejar mano libre a los gobiernos locales y a la iniciativa privada

 

Entre los defensores de la privatización estaban los que proponían que la formación de una empresa de agua podía proporcionar otros beneficios paralelos como por ejemplo la creación de fábricas de hilado, de papel y molinos que emplearían las aguas de la compañía como fuerza motriz. Por otra parte, otros vieron que, ante la falta de recursos de los ayuntamientos para emprender las obras de saneamiento, no quedaba otra opción que dejarlo en sus manos.

Los contratos de concesión de los ayuntamientos a las empresas privadas estipulaban que éstas podían dedicarse al abasto de la ciudad, la agricultura y la industria, indistintamente. Las prerrogativas abarcaban la cesión de bienes de los gobiernos locales, la exención de impuestos sobre los materiales empleados en las obras y la cantidad de agua que cada casa debía recibir, así como el precio por el servicio. El Ayuntamiento solía reservarse el derecho de regir la empresa, que sólo podía utilizar en beneficio propio el agua que no fuera necesaria para cubrir las necesidades domésticas.

A finales del siglo XIX hubo mucho interés por las grandes obras hidráulicas y en torno al debate sobre el servicio público o privado, las dos últimas décadas del XX y la primera del XXI han visto renovado ese interés por el agua añadiendo un nuevo punto de vista. Lo que prevalece en el discurso político es el reparto equitativo de un bien que se está presentando como escaso cuando el mayor problema no reside en su escasez sino en lo desigual de su distribución y en la falta de medidas destinadas a conservar, reciclar y aumentar los niveles de agua. 

Los defensores de la privatización y los de la descentralización de la gestión de este recurso se han visto beneficiados por la “cultura de la escasez” para justificar la necesidad de mejorar su gestión y aunque en la teoría se pretende no abandonar a los que tienen menos recursos, en la práctica no parece haber manera de combinar privatización con equidad.

En los últimos años se han realizado varios estudios dedicados a los casos de gestión privada del agua con el fin de reconocer si fueron o no exitosos y por qué.

Tras la Revolución, las empresas privadas encontraron aún más obstáculos porque el Gobierno federal se fue apoderando de los usos del agua y legislando al respecto y muchas veces el propio gobierno terminó comprándolas.

Para el caso poblano, donde se dio el primer intento privatizador del servicio en el siglo XIX, destinado a evitar el control sobre el agua de los antiguos mercedados frente a los vecinos, no se logró cambiar del todo ya que enfrentó serias dificultades como la coexistencia de dos sistemas paralelos de distribución de agua, la resistencia de los mercedados a pagar las cuotas  y la falta de capital para las obras necesarias.

El tema de conflicto no es tanto si el servicio debe ser público o privado como el de la importancia del comportamiento de los actores involucrados en su gestión. Otra cuestión a tener en cuenta en el estudio de la gestión del agua en la ciudad de México es que se trata de un proceso cambiante y que en ningún caso se ha dado una gestión privada o pública en su totalidad.

 

Empresas privadas

 

Casos en los que se ha dejado el servicio en manos de empresas privadas:

-Aguascalientes y Cancún en 1993 y Ciudad de México, donde la legislatura local se reservó la decisión de establecer las cuotas a los usuarios.

-León (Guanajuato) nos habla que se ha llevado una descentralización absoluta.

En relación a los servicios públicos la discusión ya no está tanto en privatización/gestión estatal sino en la calidad de los servicios: el problema prioritario no es quién va a gestionar el servicio, sino si con ello va a asegurar que llegue a todos y lo haga de forma equitativa. No podemos dejar de mencionar que estamos hablando de un país en desarrollo y de una ciudad desbordada y en continuo estado de crecimiento.

De nada sirve descentralizar si no se otorgan a los gobiernos locales los instrumentos necesarios para poder ofrecer un buen servicio y si no se concede a los ciudadanos un control sobre los mismos. De nada sirve privatizar si la nueva empresa se va a regir únicamente por criterios económicos, porque el servicio mejorará pero sólo para unos pocos y empeorará para muchos.

En México las privatizaciones se están llevando a cabo dentro de un marco político de adelgazamiento del Estado que resulta especialmente negativo ya que la ciudadanía está aún por definir y el estado del bienestar jamás llegó a ser una realidad. Por otra parte, se están gestionando dentro de un esquema económico interno en el que se repite el aumento de la demanda debido al crecimiento de la población urbana y es una constante la ineficacia y los déficits permanentes de las empresas estatales.

Trabajo realizado por: Campos Marcelino Nancy Karen